wal-martAhora que todos celebran el aterrizaje en Chile de Wal-Mart -y a lo más se preocupan de cómo estrujarán a los proveedores para conseguir bajos precios-, vale la pena echar una mirada a la política laboral del gigante estadounidense fundado por Sam Walton.

La comisión de Trabajo y Equidad, más conocida como comisión Meller, analizó con lupa la situación de las grandes tiendas y supermercados. Uno de los insumos fue el informe Retail en Chile, realizado por Marcela Ramos, que dedica uno de sus anexos a un estudio de la prestigiosa Universidad de Berkeley, California, que analiza los costos escondidos que tienen para los contribuyentes de ese estado las difíciles condiciones laborales de Wal-Mart. Como los sueldos son escuálidos, sus trabajadores deben recurrir a la red de subsidios y asistencia pública para cubrir aquello que no pueden pagar con sus salarios.

El costo es millonario, proporcional a los más de un millón de trabajadores de Wal-Mart, el mayor empleador de Estados Unidos. Según el estudio, la empresa paga en promedio un 31% menos que el resto de sus competidores. Es por eso que sus empleados recurren a vales canjeables por alimentos, al servicio de salud del estado de California y a subsidios habitacionales.

El documento de Arindrajit Dube y Ken Jacobs le pone números a estos costos ocultos en California: los empleados de Wal-Mart ocupan US$ 32 millones anuales en salud y US$ 54 millones en otro tipo de coberturas públicas. Comparado con las familias del resto de los empleados del retail, las de Wal-Mart usan un 40% más la salud pública y un 38% más los otros servicios asistenciales.

Si todos los retailers en California siguieran la política salarial de Wal-Mart, el costo para los contribuyentos sería de US$ 410 millones al año. La conclusión: “la confianza de los trabajadores de Wal-Mart en la asistencia pública debido a los bajos estándares salariales y de beneficios, se ha transformado en una forma de subsidio público indirecto a la compañía”.

Los trabajadores poco pueden hacer contra los bajos sueldos, pues según ha denunciado Human Rights Watch, la empresa impide la sindicalización.

Puesto así, los Ibáñez de DyS parecen quedar pálidos al lado del modelo que todos los retailers en Chile intentan copiar.